El tribunal federal número 1 de La Plata, en Argentina, condenó a prisión perpetua a 10 expolicías represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en ese país (1976-1983), según el veredicto sentenciado por ese órgano de justicias.

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De acuerdo al ente, se consideró probado secuestro, desaparición forzada de perseguidos políticos, homicidio, tormentos, violación, sustracción de niños, abortos forzados y otros crímenes.

El proceso de la causa llamada “Brigadas” fue iniciado en 2020 y en el prestaron declaración testigos y sobrevivientes.

Este ventiló más de 400 casos de represión ocurridos en tres centros clandestinos de Buenos Aires conocidos como Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y las brigadas de Lanús y San Justo.

El tribunal también ordenó pericias médicas «urgentes» para resolver si revoca la prisión domiciliaria que ostenta la mayoría de los condenados para que cumplan su condena en la cárcel.

Dichas sanciones se conocen dos días después de un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, recordado con marchas en todo el país bajo la consigna «memoria, verdad y justicia».

La fiscalía remarcó el carácter de víctimas de las personas trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield cuyos casos, analizados en este juicio, dieron cuenta de que “todas fueron sometidas a la maquinaria del terrorismo de Estado al igual que las otras personas victimizadas” y sus derechos avasallados por “toda clase de vejaciones”, señalaron Oberlin y Miranda.

“Debemos nuevamente resaltar que estas mujeres formaron parte de las personas consideradas enemigas, justamente porque no se ajustaban al modelo sexo-genérico que el terrorismo de Estado buscó garantizar y eso implicó que adicionalmente sufrieran no sólo las violencias generales de las personas que estaban en el Pozo de Banfield, sino también violencias diferenciales, en razón justamente de sus identidades de género”, añadieron.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal instaron a los gobiernos provincial y nacional y a distintos organismos a que materialicen medidas de reparación para las víctimas, como reincorporaciones laborales, ascensos y beneficios jubilatorios.

También solicitaron que se dé amplia publicidad a la sentencia en portales y sitios de difusión pública de la región y que se remita copia de la misma al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, teniendo en cuenta que en el debate se produjo prueba vinculada con la organización ilícita transnacional integrada por las dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor.

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